Alcalde acusa que filtraron información del caso Rocha Moya sin respetar confidencialidad

Luisa María Alcalde, que apenas acaba de asumir su cargo como consejera Jurídica de la Presidencia después de dejar la dirigencia de Morena, salió a defender el proceso legal en torno a Rubén Rocha y las otras nueve personas involucradas. Lo que le molesta no es la solicitud en sí, sino cómo se manejó públicamente. Según ella, alguien filtró información que debería haberse mantenido bajo llave, lo que terminó generando un circo mediático que prejuzgó a todos los mencionados antes de que el proceso legal ni siquiera comenzara formalmente.

La funcionaria explicó que existe una diferencia importante entre dos tipos de solicitudes internacionales. Primero está la solicitud formal de extradición, que requiere que el país solicitante presente una cantidad enorme de documentos: detalles del delito, leyes que lo tipifican, pruebas sólidas, órdenes de aprehensión certificadas y traducciones legalizadas. Luego está la solicitud urgente de detención provisional, que es lo que Estados Unidos hizo en este caso, y que solo necesita demostrar que hay riesgo de que alguien escape o desaparezca. Lo importante aquí es que una cosa no es la otra, y México debería tener 60 días para analizar si todo está en orden antes de tomar decisiones.

El punto clave que Alcalde enfatizó es que estos procesos están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La confidencialidad no es un capricho: existe específicamente para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. Cuando la información se filtra a la prensa antes de tiempo, se contamina todo. Los medios forman un juicio, la gente habla, las pruebas pueden comprometerse, y los abogados de defensa pierden la ventaja de prepararse en privado. En palabras de Alcalde, eso es exactamente lo que pasó aquí: alguien rompió el protocolo y metió esto a la opinión pública de cabeza.

Ahora viene lo interesante: la Fiscalía General de la República revisó lo que envió Estados Unidos y encontró que no cumple ni con los requisitos mínimos. La solicitud no viene acompañada de pruebas que demuestren que hay urgencia real, que es el único argumento válido para pedir una detención provisional. Por eso la FGR le pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que le diga a la corte neoyorquina que presente esa información. Mientras tanto, la Fiscalía no ha determinado si hubo delito o no, y tampoco ha dicho si la detención provisional procede. Básicamente, el gobierno mexicano está siendo cauteloso.

Esta situación refleja un problema más grande en México: cuando hay escándalos políticos, la información sale a la luz antes de tiempo y todos empiezan a especular. Para un gobernador o cualquier persona involucrada, eso es devastador. Ya no importa si es culpable o inocente según la ley; en la cancha mediática ya perdió. ¿No te parece que alguien debería ser responsable por haber filtrado información confidencial que fue manejada incorrectamente desde el principio?