Cierran megagranja de cerdos en Yucatán tras lucha de comunidad maya

Neta, los de Santa María Chi en Mérida ganaron una batalla bien pesada. La Profepa confirmó que sacaron todos los cerdos de la Granja Porcícola Santa María, una operación gigantesca que dejó de funcionar el 4 de septiembre. Para contextualizarte: esta comunidad maya llevaba casi tres años peleando contra esta megagranja porque literalmente estaba envenenando su agua y su aire. No es exageración, wey: hablamos de más de 41 mil animales en un solo lugar, generando una contaminación que era insoportable. La lucha incluyó amparos legales, denuncias ante autoridades y protestas constantes.

El cierre fue un triunfo, pero incompleto. La empresa Pecuaria Peninsular que operaba la granja (que es propiedad de Oswaldo y Francisco José Loret de Mola) incumplió reiteradas veces con las medidas de cuidado ambiental. Descargaban aguas residuales sin permiso directo en el terreno. La Profepa les metió una multa de casi 18 millones 668 mil pesos, pero eso no borra el daño. Lo preocupante es que ahora tienen 10 días para presentar un estudio de daño ambiental final, y después de eso viene un plan de "acciones correctivas y compensación". El problema: la comunidad tiene miedo de que los dejen fuera de las decisiones sobre qué harán con las 221 hectáreas de terreno lleno de estiércol y las pilas de oxidación que acumulan excremento.

Wilberth Nahuat, el comisario, lo explicó bien claro: celebran que se fue la granja y que ya no huele a caca de cerdo por todos lados, pero necesitan saber qué va a pasar con todo el daño que quedó. Quieren estar en la mesa de decisiones, no solo ver cómo las autoridades limpian el pedo sin incluir a la comunidad que fue la que sufrió. Esta es la realidad de muchos pueblos en México: logran sacar a los contaminadores, pero después nadie los toma en cuenta para la recuperación.

Ahora viene lo turbio: la empresa metió una denuncia contra Wilberth Nahuat por "despojo de cosa inmueble" y otras cosas, intentando criminalizarlo por defender el medio ambiente. La fiscalía lo sobreseyó en octubre, pero los empresarios impugnaron y un tribunal les dio la razón. Nahuat cuenta que eso le ha causado carga psicológica y física de no saber si va a terminar en la cárcel solo por luchar por que su comunidad respire aire limpio. Además, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado sabía que la granja no cumplía con las leyes ambientales y aun así dejó que siguiera operando bajo la administración de Sayda Rodríguez (ahora diputada panista). ¿Cuántas comunidades más en México tendrán que pelear tres años y ser criminalizadas solo para tener derecho a agua y aire limpios?