Políticos en campaña sin renunciar: así roban nuestros impuestos

En México hay una costumbre que ya casi nadie critica: los políticos que quieren un cargo nuevo simplemente no se van del que tienen. Así de fácil. No es accidente ni confusión, es una decisión consciente de ignorar la ley. Y mientras tanto, tus impuestos pagan sus campañas. La ley dice bien clarito que quien aspira a otro puesto debe separarse del actual para evitar exactamente esto: que use máquinas estatales, dinero público y personal del gobierno para posicionarse políticamente. Pero eso casi no pasa.

El pedo es concreto. Cuando un legislador o presidente municipal sigue en su cargo mientras se promueve, puede usar la gasolina del gobierno para sus giras, viajar en vehículos oficiales, y pagar todo con el presupuesto destinado a servicios institucionales. El dinero que debería ir a hospitales, escuelas o programas sociales se convierte en combustible para sus ambiciones personales. Hay denuncias en redes de cómo los programas sociales se usan para posicionamiento electoral, y los capítulos presupuestales 1000, 2000 y 3000 (servicios personales, materiales y servicios generales) terminan financiando lo que son campañas anticipadas disfrazadas de trabajo oficial.

Lo grave es que las instituciones que deberían frenar esto están en silencio. El INE, los institutos electorales locales, los órganos de fiscalización, todos tienen herramientas para actuar pero no lo hacen o actúan muy poco. Hay excepciones como Esthela Damián, que sí renunció para buscar candidatura, pero esos casos son raros. Mientras, se acumulan denuncias de funcionarios que presionan a su personal, lo obligan a participar en eventos políticos, y lo tratan como si fuera propiedad privada. Eso no es servicio público, eso es abuso de poder y violación de derechos laborales.

Aquí viene lo que te debe molestar como joven mexicano: cada día que un funcionario no trabaja porque está en campaña, te cuesta dinero. Cuando la atención de un servidor público está en las elecciones y no en su función, el servicio se cae en picada. Por eso la corrupción y la mala atención son tan graves en México. Y mientras normalizamos estas prácticas, las instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quedan como última opción. Lo triste es que la ley existe, pero nadie la obliga a cumplirla. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a tolerar que usen nuestro dinero para sus jueguitos políticos mientras nos dicen que no hay presupuesto para lo que realmente importa?