¿Qué onda con los agentes estadounidenses muertos en Chihuahua?

A la gobernadora María Eugenia Campos le llueven críticas por lo que pasó el 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde dos agentes estadounidenses de la CIA murieron. El pedo es que muchas de las acusaciones que le están aventando son puro ruido mediático sin base legal sólida. La gente anda diciendo de todo, pero nadie está siendo claro sobre qué leyes se rompieron exactamente o cuál fue su responsabilidad directa en los hechos.

En México, cuando algo así pasa, la cosa se complica porque entran en juego varios niveles: qué pasó en el terreno, quién autorizó qué operación, cuáles eran los protocolos de seguridad y si la gobernadora tenía conocimiento o control sobre movimientos de agentes extranjeros en su estado. Los señalamientos públicos que le están haciendo a Campos andan más por el lado del drama político que por argumentos jurídicos sólidos. Es decir, mucho "la gobernadora es responsable" pero poco "aquí está el artículo de la ley que violó".

Lo que está pasando en Chihuahua es sintomático de un problema más grande en el país: cuando hay situaciones complicadas con seguridad, alguien tiene que cargar con el muerto (valga la expresión). Los gobernadores terminan siendo los chivos expiatorios fáciles, aunque muchas veces las operaciones de seguridad que salen mal involucran a federales, militares y hasta agencias extranjeras que están ahí haciendo sus cosas. La gobernadora puede estar errada en muchas cosas, pero necesitamos separar la especulación de los hechos comprobables.

Esto debería dejarnos pensando: ¿cuándo vamos a exigir que los políticos y funcionarios rindan cuentas basándose en pruebas legales reales en lugar de solo en lo que dice la gente en Twitter? Porque si no empezamos a hacer esa distinción, cualquier funcionario puede ser crucificado públicamente sin que haya un análisis serio de qué se hizo mal y por qué.