¿Realmente hay pruebas contra la gobernadora de Chihuahua?

El drama del caso Chihuahua ha generado un show político innecesario. Dos agentes de la CIA murieron el 19 de abril en la Sierra Tarahumara y de repente todos quieren echarle la culpa a la gobernadora María Eugenia Campos. El pedo es que muchos están hablando pura mamada sin tener un solo documento, una instrucción escrita o un testimonio solid que le atribuya responsabilidad personal a ella. Es como si tu jefe te acusara de robar dinero de la empresa sin ni una sola factura o evidencia: solo porque te vio cerca del cajero.

La ley mexicana es clara en esto, wey. La Constitución dice que todo aquel acusado tiene derecho a la presunción de inocencia. No es un favorzote del sistema, es un derecho fundamental que está grabado en piedra. La Corte Suprema ha dejado bien claro que mientras más grave es la acusación, más fuerte tiene que ser la prueba. Cuando hablas de traición a la patria o responsabilidad política, necesitas evidencia de hierro, no memes de Twitter y acusaciones de diputados enojados. Hasta ahora, contra la gobernadora no existe ni un oficio oficial, ni un correo, ni nada. Solo discurso de politiqueros que quieren vender la idea de que ella hizo algo.

Aquí está lo que muchos no entienden: la gobernadora de un estado no tiene poder para autorizar agentes extranjeros, controlar fronteras, emitir visas o manejar operativos de seguridad nacional. Eso es responsabilidad 100% federal. Si esos agentes entraron al país, fue el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería los que lo permitieron. Si volaron, fue por aeropuertos federales. Si usaron carreteras, fue bajo control de la Guardia Nacional. Si estaban en un operativo del Ejército, fue con conocimiento de la Defensa Nacional. La cadena entera es federal, de principio a fin. Lo que el caso realmente demuestra es un fallo coordinativo entre agencias federales, no una acción de la gobernadora. Es como culpar al gerente de una sucursal por decisiones que toma la matriz de la empresa.

Legalmente hablando, la responsabilidad en México es personal y punto. No existe lo que se llama "responsabilidad objetiva por el cargo", eso está prohibido en la Constitución. Para que haya traición a la patria necesitas conductas muy específicas: trabajar con un poder extranjero para someter al país, participar en actos bélicos contra México, ayudar activamente al enemigo. Un operativo antinarcóticos no entra en ninguna de esas categorías. Para un juicio político necesitas demostrar que el servidor público hizo algo personal que violara la Constitución, y aquí simplemente no existe eso. Para una falta administrativa, existen tipos muy específicos como cohecho o peculado, y la mera presencia de extranjeros en el territorio no encaja. Sin conducta personal comprobada, sin tipo legal aplicable y sin pruebas concretas, cualquier procedimiento se cae desde las bases. Eso es lo que debería estar claro pero nadie quiere admitirlo porque vende más hablar de conspiración que aceptar que hubo un fallo administrativo federal.

¿No te parece irónico que un país que constantemente critica la injusticia legal esté pidiendo condenar a alguien sin pruebas ni elementos constitucionales que lo justifiquen?